La Emisión de Créditos de Carbono en Ecuador
La discusión sobre la emisión de créditos de carbono ha ganado relevancia en Ecuador, especialmente en el contexto de proyectos ambientales y de sostenibilidad. En la firma, sostenemos que la emisión de créditos de carbono en mercados voluntarios internacionales es legal y no requiere regulación adicional.
El punto de partida de esta evaluación es la percepción errónea de que los créditos de carbono son de aprovechamiento exclusivo del Estado, debido a la interpretación del artículo 74 de la Constitución de Ecuador, que prohíbe la apropiación de servicios ambientales.
La Constitución y el Código Orgánico del Ambiente (COA) permiten que las personas y empresas puedan recibir compensaciones por sus esfuerzos en la conservación ambiental. Igualmente, la Corte Constitucional ha ratificado que la normativa vigente ya establece la posibilidad de producir, prestar, usar y aprovechar servicios ambientales, aclarando que no existe prohibición para recibir retribuciones por estas actividades.
El ordenamiento jurídico actual no impide operar en el mercado internacional a través de estándares reconocidos como Verra/VCS, Gold Standard, y CERCARBONO, entre otros. Incluso, se han tramitado e impulsado proyectos de ley que dejan en claro que estas transacciones no requieren de intermediación estatal directa para el mercado internacional, lo que refuerza la viabilidad de este tipo de proyectos sin restricciones legales adicionales. A pesar de que estos proyectos de ley no han sido publicados como leyes, queda claro que no existe una prohibición legal que impida la ejecución de este tipo de transacciones.
En Ponce Díaz, sostenemos que la emisión de créditos de carbono en mercados voluntarios internacionales es una oportunidad viable y legal para empresas que buscan participar en la lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, generar valor económico a partir de sus proyectos ambientales. Recomendamos a las empresas interesadas estructurar sus proyectos conforme a estándares internacionales y evitar cualquier apropiación indebida de bienes de dominio público, garantizando así el éxito y la sostenibilidad de estas iniciativas.
Para más información, contactar a Jaime Benítez.
